Con ocasión del reciente Auto A207/10 de la Corte Constitucional en donde se ordena a ACCIÓN SOCIAL, abstenerse de realizar los pagos correspondientes a las sentencias por indemnización de perjuicios, mientras se definen criterios unificados en la materia; es importante que el país haga un alto y reflexione sobre el sentido del proceso de justicia transicional que ha emprendido Colombia y, bajo este marco, sobre el camino de la reparación a las víctimas de tantos años de violencia.

Colombia ha avanzado de forma contundente en la provisión de más y mejor seguridad en los últimos ocho años; como consecuencia de la aplicación de la política de seguridad democrática, se han reducido dramáticamente todos los indicadores de violencia. Por ejemplo, se estima una reducción del 45% en el número de homicidios entre 2002 y 2009,  por su parte, se calcula que entre 2002 y 2009 disminuyeron las masacres en un 75%; mientras el secuestro se redujo en 93% para el mismo período, y los atentados terroristas en un 81%; e inclusive se registra una disminución de cerca del 60% en el número de personas que fueron expulsadas de sus territorios en 2002 frente a las cifras registradas en 2009.

No obstante, no podemos olvidar el horror soportado por millones de conciudadanos, a quienes los grupos al margen de la ley tanto la guerrilla como los paramilitares violaron sus derechos, en las áreas rurales y en algunas zonas marginadas de nuestras ciudades.  La falta de presencia del Estado y el no monopolio del uso de las armas por parte de la Fuerza  Pública, sumado al poder inmenso de los recursos del narcotráfico, generó un caos de violencia, al que la sociedad y los gobiernos dieron la espalda por años.

Fue bajo la administración del Presidente Uribe donde se buscó atacar las causas de la violencia, bajo la bandera de la seguridad democrática; pero también, en donde por primera vez se visibilizó a las víctimas, las cuales estuvieron en el centro de muchas de las políticas públicas,  fue la Ley 975 de 2005 que privilegió el derecho a la verdad e introdujo la reparación por parte de los victimarios. 

El gobierno ha acatado las decisiones de la Corte Constitucional y asumido con toda la responsabilidad la tarea de atender a los cientos de familias desplazadas por la violencia; muestra de ello es el esfuerzo presupuestal, mientras que en el año 2002, el gobierno asignaba 190 mil millones de pesos para atención a la población desplazada, este año se están ejecutando 1.5 billones entre todas las entidades gobierno.

El Gobierno Nacional ha invertido más de 10.4 billones para atender a la población desplazada, inversión que ha dado cuenta de importantes resultados. De acuerdo con la medición realizada este año, sobre el avance de los indicadores de Goce Efectivo de Derechos, se pudo evidenciar frente a 2008 un incremento de 4 puntos porcentuales en el indicador de identificación y acceso a educación respectivamente, mientras que la afiliación a salud aumentó 10 puntos porcentuales; así mismo se registran avances, aunque limitados ante las necesidades en vivienda, generación de ingresos y tierras.

Con respecto a otras víctimas de la violencia como los de minas antipersona, secuestros, masacres y atentados terroristas, fue este gobierno el que se avocó a pagar una deuda acumulada a estas víctimas establecidas en la Ley 418 de 1997 y  con el Decreto 1290 de 2008 determinó la reparación administrativa de forma subsidiaria, al ver que las sentencias de la Ley de Justicia y Paz no avanzaban. 

El gobierno evalúa hoy más de 330 solicitudes de reparación administrativa y a más de 65 mil parientes de víctimas de la violencia se les han hecho los pagos solidarios de la Ley 418 y reparaciones administrativas. Más de un billón de pesos pagados, una cifra nunca antes asignada a las víctimas de la violencia. De hecho, recursos adicionales han sido invertidos en reconstruir más de 164 municipios destruidos  por atentados terroristas y  se han apoyado a más de 39 mil familias afectadas por los mismos.

El gobierno redefinió la política de atención a la población desplazada e incluyó el componente de verdad, justicia y reparación.  Para el desarrollo de esta política de atención integral y que se centra en  el goce efectivo de sus derechos, se ha presentado un plan de inversiones estratégicas por valor de 33 billones de pesos en los próximos diez años. Si a ello se suma, los cerca de 7 billones de pesos estipulados en el programa de reparación administrativa, que salga del análisis de  las 330 solicitudes de las otras víctimas de la violencia,  el país estará destinando un total de 40 billones para un gran programa de reparación a todas las víctimas de la violencia hasta el año 2020

El propósito de avanzar en la reparación de las víctimas en un escenario de violencia decreciente, pero con grupos armados ilegales aún vigentes, es uno de los mayores retos que enfrenta el país. Sí a esto se suma una serie de decisiones judiciales por indemnizaciones de perjuicios por sumas multimillonarias a los desplazados, como también fallos de reparaciones colectivas como el de Mampujan, que no dan cuenta de la capacidad operativa, institucional y fiscal; lo mismo que a todo tipo de demandas por secuestros, no va haber recursos que aguanten.

Sí la reparación continua con la ruta de la mercantilización y monetización será imposible para el Estado cumplir y la frustración generacional será enorme; ante lo cual vale la pena resaltar, que no hay ningún país en el mundo que haya dispuesto los recursos para atender a las víctimas como Colombia, pero no se puede correr el riesgo de que la política de reparación sea impracticable y solo de carácter indemnizatorio.

Se requiere de una política de reparación que mantenga un balance entre los derechos de las víctimas, pero también que de espacio para atender a otros grupos vulnerables de la sociedad, como la población pobre. Lo mismo que a la población que sigue siendo afectada por la violencia en las zonas donde mantienen presencia de grupos al margen de la ley. De otra forma, se generará más división, más odio y más insolidaridad con las víctimas. Debe ser balanceada para lograr restituir sus derechos pero que también estipule el asumir responsabilidades y definir límites, en particular para la población desplazada.

Se requiere que sea sostenible, las decisiones judiciales tienen que considerar la capacidad fiscal e institucional de la nación. Hay que avanzar en un proceso firme de reparación, pero progresivo para que no se lesione la estabilidad macroeconómica y le permita a las instituciones desarrollar capacidades institucionales innovadoras de justica transicional, como la planteada por el gobierno en la nueva política de restitución de tierras.

Finalmente, se requiere que la política de reparación sea práctica e integral, no solo enfocada en lo monetario.  Se deben orientar los esfuerzos en acciones tangibles dentro de la oferta que ya tiene o puede desarrollar el gobierno para que la familia reconstruya su proyecto de vida. Sí las decisiones judiciales imponen programas imposibles de implementar o no se realizan ajustes adecuados para que  toda la oferta social actual, contenga efectos reparadores; será muy difícil avanzar hacia una reparación integral, que por la magnitud del número de familias afectadas por la violencia, requiere ser ambiciosa, práctica y duradera.

Colombia ya tiene en su horizonte de mediano plazo los recursos dispuestos para reparar a las víctimas, debe ser esta una oportunidad para que en un marco de Unidad Nacional  se avance en la consolidación de una política de reparación a las víctimas que sea balanceada, sostenible y  efectiva.

El trabajo infantil es uno de los temas más álgidos de la agenda internacional en los últimos años. En Colombia, a través de ACCIÓN SOCIAL, esta preocupación ha sido asumida de manera coherente con la dimensión del problema.

El trabajo infantil tiene entre sus principales causas la falta de ingresos, y a su vez, la perpetuación de este problema constituye una de las trampas que impide a las poblaciones más vulnerables salir de la pobreza. Es decir, se trata de una situación que a largo plazo reitera la situación que pretende mitigar, pues los niños que trabajan dejan de lado la educación y otras actividades propias de su desarrollo, que constituyen la pieza esencial para la acumulación de capital humano y la  superación de la pobreza en el mediano plazo.

Los programas de ACCIÓN SOCIAL para las familias más vulnerables buscan eliminar los escenarios que conducen al trabajo infantil, crear acceso a proyectos de vida que incluyan la educación como elemento central y fomentar la cultura alrededor de la eliminación del trabajo infantil. En Familias en Acción 2,9 millones de familias corresponsables con la gestión de su bienestar, tienen acceso a subsidios condicionados a la asistencia escolar y a controles de desarrollo de los más de 4 millones de niños y niñas entre 7 y 15 años que hacen parte del programa. Mediante esta estrategia se pretende dar un incentivo económico, que a su vez hace viable que los niños de la familia, en vez de trabajar estudien y permanezcan en el colegio.

El éxito de esta estrategia se ha reflejado en una disminución del 6.9% del trabajo infantil en zonas urbanas, en la liberación de tiempo productivo para las madres, en un aumento del 6.4% de la asistencia  escolar en secundaria, en los más de 200 mil  jóvenes  que se han graduado de secundaria gracias a este programa en los últimos 3 años, y los 60 mil que serán bachilleres este año. Familias en Acción es pura movilidad social.

Por su parte, la estrategia JUNTOS para la superación de la pobreza, que mediante la vinculación de 1.5 millones de familias, busca la articulación de la oferta institucional y puesta en marcha de planes familiares basados en el cumplimiento de 45 logros en 9 dimensiones relacionadas con la superación de la pobreza. De acuerdo con los datos de la línea base de JUNTOS, en la actualidad 26.700 familias tienen niños y niñas menores de 15 años vinculados a actividades laborales. Esta información demuestra el reto que constituye este tema para el futuro y permite comenzar a identificar, caracterizar y trabajar con estas familias para erradicar el trabajo infantil en las comunidades más vulnerables.

Igualmente, ACCIÓN SOCIAL se ha comprometido con la protección de los jóvenes trabajadores, la erradicación del trabajo infantil y la explotación laboral como parte del programa para la protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes frente al desplazamiento forzado -Mis Derechos Primero-, y  ha trabajado de la mano con la comunidad internacional para fortalecer las iniciativas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes. Ejemplo de esto, es el reciente acuerdo de cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas -  UNFPA.

Una de las peores formas de trabajo infantil en el país es el reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley. En este sentido, el gobierno ha adelantado acciones tendientes a asegurar la llegada de seguridad y desarrollo a las comunidades más alejadas del territorio nacional con el fin de prevenir el reclutamiento.

Los esfuerzos para combatir el flagelo del trabajo infantil en el país, han mostrado sus resultados, según el ICBF en los últimos 10 años 4.136 los niños y adolescentes dejaron las filas de los grupos armados para volver a la vida civil, mientras que el número de niños, niñas y adolescentes trabajadores pasó de 1,5 millones en 2001 a 1,1 millones en 2005, es decir, se redujo el 30,5% en 4 años.  Sin embargo el trabajo infantil, es un tema que está lejos de ser superado, por eso, el gobierno y ACCIÓN SOCIAL reiteran su compromiso con la superación de la pobreza y la promoción de la educación con miras a garantizar un futuro digno para los niños y niñas de Colombia.

Caracterización ha diseñado una estrategia para apoyar la ejecución de la estrategia Retornar es Vivir que coordina el área de Prevención, Emergencias y Retornos. Sabemos que es fundamental nuestro acompañamiento a esta estrategia porque de manera solidaria apoyamos la vinculación de la  población que ha retornado a la Red Juntos.

El pasado 26 y 27 de marzo se llevó a cabo en el municipio de Salamina (Magdalena) la verificación de los censos de población retornada. Con esta verificación se logró identificar qué hogares efectivamente residen en el municipio para que, posteriormente, enviemos la información a Juntos y el cogestor social encuentre al hogar en el territorio.

También hemos trabajado en la caracterización de los 5.650 hogares que nos remitió el área del PER y que corresponden a la primera fase de Retornar es Vivir. Hemos encontrado que:

• 2.197 hogares cuentan con la información de Línea Base.
• 907 hogares están en proceso de búsqueda por parte de los cogestores sociales.
• 1.853 hogares fueron remitidos desde la SAPD a Juntos para su vinculación a la estrategia.
• 693 hogares requieren del apoyo de Acción Social para normalizar su situación en el registro y así poder ser vinculados a Juntos.

Ya se inició el trabajo de la segunda fase de Retornar es Vivir y estamos comprometidos con el éxito del trabajo. Con el acompañamiento del área de Registro y siguiendo la coordinación del PER cumpliremos la meta de abordar 87 procesos de retorno en 87 municipios, con 22.376 familias representadas en 97.039 personas que comprenden la segunda fase de Retornar es Vivir*.

 

* información con corte febrero de 2010.

 

 

La Red Territorial de Promoción Social (RTPS) tiene como propósito contribuir a la formulación y articulación de políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza extrema, mediante el intercambio de conocimiento y fortalecimiento de espacios de planificación y decisión en materia de políticas para la promoción social.

 

Es un espacio para que los actores en materia de política social a nivel territorial puedan interactuar, discutir, formular, intercambiar información, conocimientos, metodologías de trabajo, entre otros, lo cual les permite mejorar su gestión y trabajo a nivel territorial, desde una perspectiva innovadora y creativa; apoyada en elementos tecnológicos que permitan superar las distancias en términos de territorio, permitiendo la fluidez y accesibilidad de los actores que integran la Red.

 

A continuación una presentación general sobre la consolidación de la RTPS, y un vínculo a otros documentos. Para ver y descargar los documentos deben entrar a este vínculo, seleccionar el documento y seleccionar la opción 'Download'.

 

Conclusiones Taller Trabajo Consolidacion Red 28 de Enero de 2010

 

Página con todos los documentos de la RTPS:

http://www.scribd.com/people/documents/22603740-red-territorial-de-promoci-n-social

 

Nota: En esta página todos los documentos se encuentran listados en desorden. En la columna de la izquierda de esta página encuentran los documentos organizados en dos carpetas: Presentaciones, y Prioridades.

 

 

Inicia el año 2010 y el área de Caracterización continúa su exigente labor para brindad calidad en la información que generamos y que sirve de insumo para muchos procesos en Acción Social.

 

La jornada de planeación estratégica que realizamos el viernes ocho de enero, sirvió para que todos los integrantes de mi equipo evaluaran nuestro desempeño, formularan estrategias de mejoramiento y evidenciaran los avances que hemos logrado y que hoy les quiero compartir:

 

• Hemos enviado a Juntos 117.000 hogares para su vinculación a la Estrategia.
• Hemos enviado a Juntos la información actualizada de 123.000 hogares para ubicarlos e iniciar la construcción de la línea base.
• Más de 581.000 registros que nos ha enviado el área de Atención Primaria los hemos caracterizado
• Más de 177.000 registros que nos han remitido de PQR, Tutelas y Fallos se han caracterizado para identificar necesidades y potencialidades con el ánimo de otorgar la ayuda más efectiva para el hogar.
• Más de 1.900 registros que nos han enviado desde la Alta Dirección, de las UT y de otras áreas de la Subdirección identificados como casos especiales, también han recibido la caracterización oportuna.
• Somos proveedores de información para la elaboración de los informes de avance que se presentan a la Honorable Corte Constitucional.
• Hemos realizado la primera medición del Avance por derechos a partir del cumplimiento de logros de la población en situación de desplazamiento inscrita en Juntos.
• Hemos mejorado nuestros tiempos de respuesta para que la Oficina Asesora Jurídica tenga insumos de información al momento de contestar los requerimientos judiciales.

 

Y seguiremos avanzando en este proyecto porque creemos en nosotros, en nuestro trabajo y en la posibilidad de contribuir a la superación de la pobreza extrema desde Acción Social.

 

 

El desplazamiento es sin duda el tema social más complejo que afronta nuestro país. Son más de 3 millones de personas, unas 750 mil familias, las que desde 1997 han dejado atrás sus tierras por temor a los grupos armados.

 

Por supuesto, estas cifras no dan espera. Por esta razón ACCIÓN SOCIAL ha emprendido un esfuerzo gigante a través de diversos programas que permitan atender las necesidades de la población desplazada.

 

Los resultados nos han señalado que vamos por un buen camino. Por ejemplo, en el año 2009 se logró disminuir en casi un 25 por ciento el número de nuevos desplazados con respecto a 2008. Además, se aumentó su cobertura en educación al 80 por ciento  y se mejoró la protección de otros derechos fundamentales, como el de la salud.

 

Pero aún tenemos mucho trabajo por delante. Nuestra meta es que ningún colombiano sea forzado a dejar su tierra, y ofrecerles, a aquellos que continúan desplazados, los recursos y la atención suficiente para que puedan retornar.

 

Con la estrategia “Retornar es vivir” hemos dejado de hablar de desplazamiento para dialogar sobre el regreso de los campesinos a sus tierras. Gracias a ella, se han creado las garantías de seguridad, educación, salud y alimentación, entre otras, para el retorno de los desplazados, y además, se ha acompañado a quienes ya regresaron a través de proyectos productivos y procesos de reparación.

 

El retorno ha logrado cumplir con los sueños de los desplazados: volver a su parcela, y debe ser nuestro gran reto para 2010. El próximo año contaremos con cerca de 1.5 billones de pesos para prevenir y atender el desplazamiento, pero para invertirlos de la mejor manera necesitamos conocer sus opiniones. Si trabajamos juntos, obtendremos resultados que nunca habríamos soñado.

 

Hoy tengo varias preguntas para ustedes: ¿qué opinan de los retornos?, ¿cuáles deben ser los retornos prioritarios en su departamento?, ¿cómo puede ACCIÓN SOCIAL promover la movilización de alcaldías y gobernaciones en torno a los retornos?, y ¿cómo vincular los programas de ACCIÓN SOCIAL a la dinámicas del retorno?

 

Los invito a que abordemos estas preguntas como un reto, con positivismo, para que, de esta manera, veamos  el desplazamiento como uno de los grandes desafíos que tenemos que superar en la política social de Colombia.

 

 

 

 

Conocer los logros de nuestras familias es muy importante para el trabajo que venimos realizando. De ahí que, a través de un sistema de información consolidado que nos permite tener información de más de un millón de familias, hemos logrado tener los primeros reportes.

 

El primer análisis fue realizado con información de más de 543 mil hogares, donde se encontr&oacu

te; la siguiente situación: En promedio, de los 45 logros, las familias tienen 13 logros cumplidos y 22 por cumplir. Para los 10 logros restantes se vio que éstos no aplicaban a las familias por no tener miembros con ciertos rangos de edades o por género.

 

También fue  evidente,  dentro de la revisión comparativa que se hace a nivel nacional, la marcada diferencia regional. Mientras que Cundinamarca, Boyacá, Quindío y Casanare están por encima del 80 por ciento en el cumplimiento de los logros de la dimensión de identificación; Magdalena, Amazonas y Chocó están por debajo del 50 por ciento.

 

Así mismo, el  logro 5, que muestra si algún miembro de la familia mayor a 15 años está vinculado a una fuente de ingresos autónoma, obtuvimos un promedio nacional del 18 por ciento de cumplimiento. En lugares como Santander, Meta, Casanare y Cundinamarca el cumplimiento fue superior al 30 por ciento; en Sucre, Córdoba y Nariño inferior al 10 por ciento de las familias.

 

Por otro lado, dentro de la dimensión de educación se muestra un alto porcentaje en el cumplimiento en el logro 9, relacionado con la cobertura escolar. El 77 por ciento de las familias tienen este logro cumplido y la diferencia regional es menos marcada, así Bolívar es el de mayor cumplimiento con 87 por ciento y Nariño es el de menor con 69 por ciento.

 

En esta misma dimensión, el logro 8, que está relacionado con la atención integral a  menores de 5 años, muestra un cumplimiento preocupante con un promedio nacional del 40 por ciento; donde Atlántico es el de mejor cumplimiento con  58 por ciento; y Amazonas y Vaupés tienen el cumplimiento más bajo con 16 y 15 por ciento respectivamente.

 

Con dicha información consolidada evidenciamos que el cumplimiento de logros de las familias es el siguiente:

• En promedio 10 de los 45 logros no aplican a las familias, por  no tener miembros en estos  rangos de edades. Incluso algunas no tienen miembros en primera infancia y otras no tienen miembros en la tercera edad.
• Las familias de entrada que han cumplido 13 logros son el 39 por ciento y  tienen 22 logros por alcanzar, lo cual  está muy cerca del 50 por ciento.
• Las familias JUNTOS, en casi todos los indicadores, muestran cifras peores al promedio nacional; lo cual evidencia que definitivamente le estamos llegando a las familias más pobres del país.

 

Estas primeras cifras nos dejan diversas reflexiones, entre ellas el hecho de que es un gran esfuerzo en la oferta el que tenemos que realizar como Gobierno. Y, en este sentido, nos gustaría conocer su opinión:

 

¿Qué conclusiones podemos sacar de estos primeros resultados?

 

 

¡Bienvenidos a los Blogs de Acción Social!

 

Al ser este un espacio de reflexión interno para ACCIÓN SOCIAL, debe ingresar el Usuario y Contraseña en la barra superior de esta página, según se le debe haber especificado en el correo de invitación a este espacio:

 

Cada semana, los autores de estos espacios virtuales escribirán un pequeño texto para plantear una pregunta sobre una temática en particular, por ejemplo, nuestro sentido de pertenencia a Acción Social o los aprendizajes o retos que a diario afrontamos en la entidad, los líderes de los blogs leerán  y responderán durante la semana varias de sus opiniones y finalmente, concluirán el debate con un pequeño video donde expondrán los principales aportes al tema propuesto. Las personas que iniciarán escribiendo los temas y preguntas de discusión son:Diego Molano (Director de ACCION SOCIAL), Jaime González (Director del programa ReSA), Germán Quiroga (Director del programa Juntos).   

 

Recuerden: nuestros principales invitados son todos ustedes. No pierda esta oportunidad, exprese sus opiniones y construyamos entre todos una mejor Agencia. También, invitamos a las personas que ya han participado en dinámicas similares (escribiendo blogs, armando grupos en facebook, u otras iniciativas por el estilo), a que se comuniquen con nosotros al correo agonzalez@accionsocial.gov.co para que articulemos esfuerzos. Nos interesan mucho sus comentarios y experiencias para generar participación en este tipo de espacios.