En el marco del Convenio establecido entre la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL y el Programa Radios Ciudadanas del Ministerio de Cultura, el cual tiene por objetivo Impulsar el desarrollo social y cultural del país, a través de la creación y consolidación de franjas de análisis y opinión de Radios Ciudadanas en emisoras comunitarias y de interés público, mediante las cuales se informe, eduque y movilice a las comunidades en torno a temáticas como la pobreza, el desplazamiento, la atención a víctimas de la violencia y otras de interés para las comunidades que son atendidas por Acción Social, estaremos desarrollando actividades que nos permitan discutir el avance de este proyecto y construir líneas de acción que propendan por el aprovechamiento de estas herramientas en todo el territorio nacional.

El próximo lunes 2 de agosto los invito a una reunión virtual para compartir comentarios y opiniones sobre la importancia de las emisoras comunitarias en la construcción de lo público, tendremos una transmisión en vivo por Internet con espacio de Chat.

Para aprovechar mejor el tiempo, les propongo que vayan reflexionando sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuál cree que es el rol de las emisoras comunitarias en la política social del territorio?
• ¿Cómo pueden y deben contribuir las emisoras comunitarias en la construcción de la política social territorial?

 La transmisión se llevará a cabo en el siguiente link (dar clic):

 http://www.livestream.com/accionsocial

 Se recomienda conectarse a las 2.00 pm, con el fin de realizar pruebas para dar inicio al video chat a las 2.30.

  Recomendaciones:

•  Para tener una mejor recepción de audio en el Video Chat en la transmisión se recomienda utilizar audífonos.
• Al realizar el ingreso chat para preguntas ingrese su cargo y el municipio donde realiza sus labores
• Busque una conexión de alta velocidad para tener mejor recepción de señal.
• Ingresar al video chat media hora antes solucionar eventuales problemas.

Con ocasión del reciente Auto A207/10 de la Corte Constitucional en donde se ordena a ACCIÓN SOCIAL, abstenerse de realizar los pagos correspondientes a las sentencias por indemnización de perjuicios, mientras se definen criterios unificados en la materia; es importante que el país haga un alto y reflexione sobre el sentido del proceso de justicia transicional que ha emprendido Colombia y, bajo este marco, sobre el camino de la reparación a las víctimas de tantos años de violencia.

Colombia ha avanzado de forma contundente en la provisión de más y mejor seguridad en los últimos ocho años; como consecuencia de la aplicación de la política de seguridad democrática, se han reducido dramáticamente todos los indicadores de violencia. Por ejemplo, se estima una reducción del 45% en el número de homicidios entre 2002 y 2009,  por su parte, se calcula que entre 2002 y 2009 disminuyeron las masacres en un 75%; mientras el secuestro se redujo en 93% para el mismo período, y los atentados terroristas en un 81%; e inclusive se registra una disminución de cerca del 60% en el número de personas que fueron expulsadas de sus territorios en 2002 frente a las cifras registradas en 2009.

No obstante, no podemos olvidar el horror soportado por millones de conciudadanos, a quienes los grupos al margen de la ley tanto la guerrilla como los paramilitares violaron sus derechos, en las áreas rurales y en algunas zonas marginadas de nuestras ciudades.  La falta de presencia del Estado y el no monopolio del uso de las armas por parte de la Fuerza  Pública, sumado al poder inmenso de los recursos del narcotráfico, generó un caos de violencia, al que la sociedad y los gobiernos dieron la espalda por años.

Fue bajo la administración del Presidente Uribe donde se buscó atacar las causas de la violencia, bajo la bandera de la seguridad democrática; pero también, en donde por primera vez se visibilizó a las víctimas, las cuales estuvieron en el centro de muchas de las políticas públicas,  fue la Ley 975 de 2005 que privilegió el derecho a la verdad e introdujo la reparación por parte de los victimarios. 

El gobierno ha acatado las decisiones de la Corte Constitucional y asumido con toda la responsabilidad la tarea de atender a los cientos de familias desplazadas por la violencia; muestra de ello es el esfuerzo presupuestal, mientras que en el año 2002, el gobierno asignaba 190 mil millones de pesos para atención a la población desplazada, este año se están ejecutando 1.5 billones entre todas las entidades gobierno.

El Gobierno Nacional ha invertido más de 10.4 billones para atender a la población desplazada, inversión que ha dado cuenta de importantes resultados. De acuerdo con la medición realizada este año, sobre el avance de los indicadores de Goce Efectivo de Derechos, se pudo evidenciar frente a 2008 un incremento de 4 puntos porcentuales en el indicador de identificación y acceso a educación respectivamente, mientras que la afiliación a salud aumentó 10 puntos porcentuales; así mismo se registran avances, aunque limitados ante las necesidades en vivienda, generación de ingresos y tierras.

Con respecto a otras víctimas de la violencia como los de minas antipersona, secuestros, masacres y atentados terroristas, fue este gobierno el que se avocó a pagar una deuda acumulada a estas víctimas establecidas en la Ley 418 de 1997 y  con el Decreto 1290 de 2008 determinó la reparación administrativa de forma subsidiaria, al ver que las sentencias de la Ley de Justicia y Paz no avanzaban. 

El gobierno evalúa hoy más de 330 solicitudes de reparación administrativa y a más de 65 mil parientes de víctimas de la violencia se les han hecho los pagos solidarios de la Ley 418 y reparaciones administrativas. Más de un billón de pesos pagados, una cifra nunca antes asignada a las víctimas de la violencia. De hecho, recursos adicionales han sido invertidos en reconstruir más de 164 municipios destruidos  por atentados terroristas y  se han apoyado a más de 39 mil familias afectadas por los mismos.

El gobierno redefinió la política de atención a la población desplazada e incluyó el componente de verdad, justicia y reparación.  Para el desarrollo de esta política de atención integral y que se centra en  el goce efectivo de sus derechos, se ha presentado un plan de inversiones estratégicas por valor de 33 billones de pesos en los próximos diez años. Si a ello se suma, los cerca de 7 billones de pesos estipulados en el programa de reparación administrativa, que salga del análisis de  las 330 solicitudes de las otras víctimas de la violencia,  el país estará destinando un total de 40 billones para un gran programa de reparación a todas las víctimas de la violencia hasta el año 2020

El propósito de avanzar en la reparación de las víctimas en un escenario de violencia decreciente, pero con grupos armados ilegales aún vigentes, es uno de los mayores retos que enfrenta el país. Sí a esto se suma una serie de decisiones judiciales por indemnizaciones de perjuicios por sumas multimillonarias a los desplazados, como también fallos de reparaciones colectivas como el de Mampujan, que no dan cuenta de la capacidad operativa, institucional y fiscal; lo mismo que a todo tipo de demandas por secuestros, no va haber recursos que aguanten.

Sí la reparación continua con la ruta de la mercantilización y monetización será imposible para el Estado cumplir y la frustración generacional será enorme; ante lo cual vale la pena resaltar, que no hay ningún país en el mundo que haya dispuesto los recursos para atender a las víctimas como Colombia, pero no se puede correr el riesgo de que la política de reparación sea impracticable y solo de carácter indemnizatorio.

Se requiere de una política de reparación que mantenga un balance entre los derechos de las víctimas, pero también que de espacio para atender a otros grupos vulnerables de la sociedad, como la población pobre. Lo mismo que a la población que sigue siendo afectada por la violencia en las zonas donde mantienen presencia de grupos al margen de la ley. De otra forma, se generará más división, más odio y más insolidaridad con las víctimas. Debe ser balanceada para lograr restituir sus derechos pero que también estipule el asumir responsabilidades y definir límites, en particular para la población desplazada.

Se requiere que sea sostenible, las decisiones judiciales tienen que considerar la capacidad fiscal e institucional de la nación. Hay que avanzar en un proceso firme de reparación, pero progresivo para que no se lesione la estabilidad macroeconómica y le permita a las instituciones desarrollar capacidades institucionales innovadoras de justica transicional, como la planteada por el gobierno en la nueva política de restitución de tierras.

Finalmente, se requiere que la política de reparación sea práctica e integral, no solo enfocada en lo monetario.  Se deben orientar los esfuerzos en acciones tangibles dentro de la oferta que ya tiene o puede desarrollar el gobierno para que la familia reconstruya su proyecto de vida. Sí las decisiones judiciales imponen programas imposibles de implementar o no se realizan ajustes adecuados para que  toda la oferta social actual, contenga efectos reparadores; será muy difícil avanzar hacia una reparación integral, que por la magnitud del número de familias afectadas por la violencia, requiere ser ambiciosa, práctica y duradera.

Colombia ya tiene en su horizonte de mediano plazo los recursos dispuestos para reparar a las víctimas, debe ser esta una oportunidad para que en un marco de Unidad Nacional  se avance en la consolidación de una política de reparación a las víctimas que sea balanceada, sostenible y  efectiva.

El trabajo infantil es uno de los temas más álgidos de la agenda internacional en los últimos años. En Colombia, a través de ACCIÓN SOCIAL, esta preocupación ha sido asumida de manera coherente con la dimensión del problema.

El trabajo infantil tiene entre sus principales causas la falta de ingresos, y a su vez, la perpetuación de este problema constituye una de las trampas que impide a las poblaciones más vulnerables salir de la pobreza. Es decir, se trata de una situación que a largo plazo reitera la situación que pretende mitigar, pues los niños que trabajan dejan de lado la educación y otras actividades propias de su desarrollo, que constituyen la pieza esencial para la acumulación de capital humano y la  superación de la pobreza en el mediano plazo.

Los programas de ACCIÓN SOCIAL para las familias más vulnerables buscan eliminar los escenarios que conducen al trabajo infantil, crear acceso a proyectos de vida que incluyan la educación como elemento central y fomentar la cultura alrededor de la eliminación del trabajo infantil. En Familias en Acción 2,9 millones de familias corresponsables con la gestión de su bienestar, tienen acceso a subsidios condicionados a la asistencia escolar y a controles de desarrollo de los más de 4 millones de niños y niñas entre 7 y 15 años que hacen parte del programa. Mediante esta estrategia se pretende dar un incentivo económico, que a su vez hace viable que los niños de la familia, en vez de trabajar estudien y permanezcan en el colegio.

El éxito de esta estrategia se ha reflejado en una disminución del 6.9% del trabajo infantil en zonas urbanas, en la liberación de tiempo productivo para las madres, en un aumento del 6.4% de la asistencia  escolar en secundaria, en los más de 200 mil  jóvenes  que se han graduado de secundaria gracias a este programa en los últimos 3 años, y los 60 mil que serán bachilleres este año. Familias en Acción es pura movilidad social.

Por su parte, la estrategia JUNTOS para la superación de la pobreza, que mediante la vinculación de 1.5 millones de familias, busca la articulación de la oferta institucional y puesta en marcha de planes familiares basados en el cumplimiento de 45 logros en 9 dimensiones relacionadas con la superación de la pobreza. De acuerdo con los datos de la línea base de JUNTOS, en la actualidad 26.700 familias tienen niños y niñas menores de 15 años vinculados a actividades laborales. Esta información demuestra el reto que constituye este tema para el futuro y permite comenzar a identificar, caracterizar y trabajar con estas familias para erradicar el trabajo infantil en las comunidades más vulnerables.

Igualmente, ACCIÓN SOCIAL se ha comprometido con la protección de los jóvenes trabajadores, la erradicación del trabajo infantil y la explotación laboral como parte del programa para la protección diferencial de los niños, niñas y adolescentes frente al desplazamiento forzado -Mis Derechos Primero-, y  ha trabajado de la mano con la comunidad internacional para fortalecer las iniciativas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes. Ejemplo de esto, es el reciente acuerdo de cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas -  UNFPA.

Una de las peores formas de trabajo infantil en el país es el reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley. En este sentido, el gobierno ha adelantado acciones tendientes a asegurar la llegada de seguridad y desarrollo a las comunidades más alejadas del territorio nacional con el fin de prevenir el reclutamiento.

Los esfuerzos para combatir el flagelo del trabajo infantil en el país, han mostrado sus resultados, según el ICBF en los últimos 10 años 4.136 los niños y adolescentes dejaron las filas de los grupos armados para volver a la vida civil, mientras que el número de niños, niñas y adolescentes trabajadores pasó de 1,5 millones en 2001 a 1,1 millones en 2005, es decir, se redujo el 30,5% en 4 años.  Sin embargo el trabajo infantil, es un tema que está lejos de ser superado, por eso, el gobierno y ACCIÓN SOCIAL reiteran su compromiso con la superación de la pobreza y la promoción de la educación con miras a garantizar un futuro digno para los niños y niñas de Colombia.

A continuación encontrarán una respuesta en video a los comentarios que han dejado en el blog.

Muchas gracias por participar,

Diego Molano

El desplazamiento es sin duda el tema social más complejo que afronta nuestro país. Son más de 3 millones de personas, unas 750 mil familias, las que desde 1997 han dejado atrás sus tierras por temor a los grupos armados.

Por supuesto, estas cifras no dan espera. Por esta razón ACCIÓN SOCIAL ha emprendido un esfuerzo gigante a través de diversos programas que permitan atender las necesidades de la población desplazada.

Los resultados nos han señalado que vamos por un buen camino. Por ejemplo, en el año 2009 se logró disminuir en casi un 25 por ciento el número de nuevos desplazados con respecto a 2008. Además, se aumentó su cobertura en educación al 80 por ciento  y se mejoró la protección de otros derechos fundamentales, como el de la salud.

Pero aún tenemos mucho trabajo por delante. Nuestra meta es que ningún colombiano sea forzado a dejar su tierra, y ofrecerles, a aquellos que continúan desplazados, los recursos y la atención suficiente para que puedan retornar.

Con la estrategia “Retornar es vivir” hemos dejado de hablar de desplazamiento para dialogar sobre el regreso de los campesinos a sus tierras. Gracias a ella, se han creado las garantías de seguridad, educación, salud y alimentación, entre otras, para el retorno de los desplazados, y además, se ha acompañado a quienes ya regresaron a través de proyectos productivos y procesos de reparación.

El retorno ha logrado cumplir con los sueños de los desplazados: volver a su parcela, y debe ser nuestro gran reto para 2010. El próximo año contaremos con cerca de 1.5 billones de pesos para prevenir y atender el desplazamiento, pero para invertirlos de la mejor manera necesitamos conocer sus opiniones. Si trabajamos juntos, obtendremos resultados que nunca habríamos soñado.

Hoy tengo varias preguntas para ustedes: ¿qué opinan de los retornos?, ¿cuáles deben ser los retornos prioritarios en su departamento?, ¿cómo puede ACCIÓN SOCIAL promover la movilización de alcaldías y gobernaciones en torno a los retornos?, y ¿cómo vincular los programas de ACCIÓN SOCIAL a la dinámicas del retorno?

Los invito a que abordemos estas preguntas como un reto, con positivismo, para que, de esta manera, veamos  el desplazamiento como uno de los grandes desafíos que tenemos que superar en la política social de Colombia.